Negando la salud a los más vulnerables

octubre-noviembre de 2008 | página 4

HELEN REDMOND explica el enlace entre los dos asuntos más controvertidos y más debatidos en la política hoy--el cuidado médico y la inmigración.

OMAR CASTILLO se sentó en un banco en frente del Centro Médico de la Universidad de Illinois en Chicago, con una pancarta que leía, "Quiero vivir, así como Ud."

El joven necesitaba un transplante del riñón. Omar tenía el seguro médico, All Kids, el cada niño en el estado de Illinois posee, no importando el estatus migratorio. Más aún, tenía un donante perfecto. Lo Omar que no tenía eran papeles ni número del Seguro Social. Por eso, el hospital le negó el transplante.

Pero en lugar de aceptar la decisión, su familia y sus amigos, junto con la Liga de Ciudadanos Latino-Americanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) organizron una protesta frente al hospital, llevando pancartas que decían "Por favor, salven a Omar". El periódico Hoy publicó un artículo y una foto en la primera página.

Poco después, el hospital decidió "reevaluar" el caso. Omar recibió el transplante el 7 de agosto.

Francisco Pantaleón no tuvo la misma suerte. El indocumentado mexicano de 30 años era paciente en el Centro Médico de UIC. Sufrió un aneurisma cerebral y estuvo en coma cuando el hospital comenzó el proceso para deportarlo a México. Mientras su familia luchaba para mantenerlo aquí, Fracisco murió.

Antes de su muerte, un portavoz de la Asociación de Hospitales de Illinois dijo que "la familia debería agradecer" a UIC, que encontró un hospital en México dispuesto a aceptarlo y que ofreció pagar el viaje.

El intolerante anti-inmigrante Lou Dobbs reportó la historia y, en una clásica diatriba de dividir para conquistar, declaró: "Mientras arde la batalla sobre los inmigrantes ilegales y la salud en Chicago, familias en todas partes del país están luchando para pagar su cuidado médico básico. Un nuevo estudio indica que 72 millones de americanos--ciudadanos americanos--entre las edades de 19 y 64 tienen problemas para pagar sus cuentas médicas."

Dobbs terminó preguntando a sus telespectadores: "¿No les parece que es hora que los inmigrantes ilegales dijieran 'gracias' por toda la ayuda y apoyo que reciben en este país--ayuda y apoyo que no reciben de los países de que salieron?"

En este clima de odio que la familia Pantaleón recibió una amenaza de muerte. La carta advertía, "Despreciable parásito hispano, ¡vuélvete al lugar de donde saliste! Sabemos dónde vives. Vas a MORIR. El único buen hispano es un hispano muerto." Según Julie Santos, defensora de la familia y comisionada del medio-oeste para LULAC, se tuvo que aumentar la seguridad en su cuarto en el hospital.

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DOS DE los asuntos más controvertidos y más debatidos en la política a nivel nacional están enlazados en casos como estos: la salud y la inmigración.

En todo el país, los hospitales siguen deportando a inmigrantes gravemente discapacitados a sus países de origen, aunque algunos han vivido y trabajado en EE.UU por décadas. "La repatriación es casi una sentencia de muerte en algunos casos, dijo el Dr. Steven Larson, médico en la sala de emergencia del Hospital de la Universidad de Pennsylvania y experto en la salud de los migrantes. "He visto como meten a los pacientes en un avión y los mandan fuera del país. Una vez los ojos no los ven, el corazón no los siente."

Es ésa también la historia de Luis Alberto Jiménez. Su situación, relatada en un artículo del New York Times, muestra la inhumanidad del sistema.

Jiménez sufrió una herida cerebral catastrófica en un accidente automovilístico y casi murió. Tras años de batallas legales, y mientras se esperaba los resultados de una apelación, el hospital lo mandó en una ambulancia aérea a Guatemala--a espaldas de su abogado y su familia.

Luis vive ahora en una parte remota del país donde le cuida su débil madre de 72 años. Está encamado. Desde su llegada a la vivienda de una habitación de su madre, no ha visto a ningún médico ni ha tomado medicinas para los frecuentes y violentos ataques de apoplejía que sufre.

Esta violenta reacción contra los inmigrantes sucede durante una recesión económica en la que el cuidado médico se vuelve menos accesible para millones de personas--y los medios de comunicación y la derecha culpan a los inmigrantes por la crisis.

Falsamente, ellos afirman que los indocumentados agobian a los contribuyentes porque "usan demasiado" los recursos de salud que no merecen y que no pagan. Cuando diez salas de emergencia cerraron en los últimos cinco años en el condado de Los Ángeles, los funcionarios del hospital culparon de la pérdida al tratamiento de los sin seguro médico.

Pero según un estudio por investigadores de UCLA, la probabilidad de que latinos que viven en EE.UU sin documentos legales visiten una sala de emergencia es la mitad de para aquellos nacidos en EE.UU, y los indocumentados tienen 30 por ciento menos probabilidad de tener cualquier fuente regular de cuidado médico.

Ademas, los gobiernos estatales y el federal han aprobado leyes que dificultan el acceso a la salud para inmigrantes al aumentar el riesgo de detención y deportación. Por ejemplo, la "reforma de bienestar" de 1996, firmada por el demócrata Bill Clinton, niega a los inmigrantes legales el derecho al Medicaid por los cinco primeros años que viven en EE.UU. Y la ley de Reducción del Déficit del 2005 requiere a toda persona que solicite o renueve su cobertura con Medicaid proveer prueba ciudadanía en EE.UU. Desde que entró en vigor esta ley, al menos ocho estados han reportado una reducción dramática en la inscripción al Medicaid.

El estado de Georgia aprobó una ley que exige que los inmigrantes muestren prueba de residencia legal al solicitar muchos servicios de salud. "Empezamos a ver a muchos niños que no visitan al doctor," dijo Flavia Mercado, pediatra en el Hospital Grady Memorial en Atlanta, a Susan Okie, autora de un artículo en la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra. "Todos tienen miedo."

Organizaciones en Atlanta están reduciendo los servicios de salud para latinos y han dejado de patrocinar las ferias de salud, por miedo a una redada por la policía local o por ICE.

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LOS HOSPITALES enfrentan un problema básico--no se les paga por el cuidado médico que les dan a los pacientes sin seguro médico, documentados o no. La falta de reembolso tiene repercusiones por todo el sistema de salud, que lleva a cortes de servicios y al cierre de unidades, hospitales y clínicas.

Una complicación al problema es el hecho de que los pacientes sin seguro médico que necesitan cuidado a largo plazo no pueden ser trasladados de los hospitales a las facilidades de rehabilitación ni a las casas de reposo, porque, según la ley, estas instituciones no tienen que aceptar a personas sin seguro médico. Los hospitales se ven atrapados: los pacientes que deben ser trasladados a otro nivel de cuidado quedan en su instalación.

Ya que el sistema de cuidado médico en EE.UU es impulsado por las ganancias económicas, todas las instituciones de cuidado médico tienen interés financiero en evitar el tratamiento de aquellos sin seguro médico--y en darlos de alta rápidamente, si reciben tratamiento.

Por eso, los dilemas afrontados en instalaciones de salud, y sentidos sobre todo en el caso de los pacientes inmigrantes, sirven para enfrentar a los proveedores de salud contra los pacientes y sus familias. Como agravante, el racismo desvia la atención del verdadero problema: un sistema de salud con fines de lucro que deja hasta 50 millones de personas sin seguro y que mata entre 18,000 y 100,000 personas cada año por falta de acceso a la salud.

Un movimiento de base lucha por un sistema de salud humanitario en este país, y por la aprobación del proyecto de ley del representante John Conyers para establecer un sistema de servicios de salud pagado por el gobierno. Este proyecto, llamado HB 676, aboliría la industria privada de seguros, pagaría todo cuidado médico e incluirá a toda persona--sin importar su estatus migratorio.

Una parte crítica de la lucha por la justicia en el cuidado de salud es que las enfermeras, los doctores y los trabajadores sociales apoyen los derechos de los indocumentados y de todo aquel sin seguro médico a recibir tratamiento, sin miedo de deportación o castigo.

Traducido por Brian Chidester

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