EDITORIAL
Un asalto al derecho a protestar

febrero y marzo de 2012 | página 2

LA CRIMINAIZACIÓN de la protesta no es una excepción en una sociedad donde el Estado está siempre listo a reprimir--y nuestra única defensa es la movilización y la organización.

LA CONSTITUCIÓN estadounidense prohíbe cualquier ley "que coarte la libertad de expresión, o de prensa; o el derecho del pueblo a la asamblea pacífica para pedir al gobierno la reparación de agravios".

Pero eso no detuvo a Rahm Emanuel.

Las ordenanzas propuestas del alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y aprobadas por el Concejo Municipal el 18 de enero, serán usadas como instrumentos de represión contra cualquier organización o grupo de personas que quiere expresar su disidencia.

Y no será necesario mucho para que un manifestante sea etiquetado de criminal. Bastará con transportar un sistema de sonido o una pancarta no registrada con anterioridad, no proveer un mariscal de campo por cada 100 personas que asistan a una manifestación, o protestar por más de dos horas.

Estas regulaciones son, supuestamente, en preparación de las protestas que acompañarán la cumbre conjunta del Grupo de los Ocho (los países más industrializados) y la alianza militar de la OTAN, a llevarse a cabo en mayo próximo. Pero el impacto de la supresión de las libertades civiles será sentido por sindicatos, grupos comunitarios, activistas anti-bélicos, defensores de la justicia social y muchos más.

El asalto a los derechos constitucionales en Chicago fue liderado por un demócrata, uno de los más poderosos del país, y demócrata también es cada uno de los concejales que votó por su propuesta. Algunos de ellos dijeron tener dudas acerca de las intenciones de Emanuel, pero perdieron la oportunidad de honrar sus palabras, votando a favor de la propuesta del alcalde.

Rahm Emanuel se salió con la suya porque el "partido del pueblo", igual que los republicanos y los líderes empresariales, predica su amor por la libertad en público, pero a puerta cerrada hace todo lo posible para socavarla, especialmente cuando su propio poder y privilegio están siendo cuestionados.

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ESTE ASALTO a las libertades civiles no es una excepción en "la mayor democracia del mundo".

El último día del 2011, Barack Obama firmó la Ley de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), otorgando a los militares estadounidenses, a discreción del presidente, el poder de detener indefinidamente a conciudadanos.

El otrora profesor de derecho constitucional no sólo se ha negado a deshacer los peores abusos de la administración Bush, como una vez lo prometió, sino que además los ha aumentado. Además de firmar la NDAA, Obama ordenó el asesinato extrajudicial de al menos un conciudadano, intensificó el uso de ataques no tripulados en Pakistán y en otros lugares, y declaró la guerra a quienes se atrevieron denunciar los abusos y acciones ilegales de los militares estadounidenses, como el cabo Bradley Manning.

Como el jurista Jonathan Turley escribió: "Con el tiempo, la elección de Barack Obama puede convertirse en uno de los eventos más devastadores en la historia de las libertades civiles".

Por supuesto, el gobierno insiste en que las políticas de Obama serán usados sólo contra la "gente mala"--extremistas y terroristas. Y estamos escuchando el mismo tipo de excusa proviniendo de Rahm Emanuel y sus partidarios en el Concejo Municipal--que la criminalización de la protesta en Chicago es parte de un esfuerzo por contener a "agitadores externos" que están "empeñados en la violencia".

Pero es increíble la facilidad con que manifestantes pacíficos pueden ser pintados como peligrosos extremistas. El Acta de Terrorismo a la Empresa Animal (AETA) del 2006, por ejemplo, califica de "terrorismo" cualquier acto hecho "con el propósito de dañar o interferir con las operaciones de una empresa animal", así como los "daños económicos" a tal empresa. La ley es tan amplia que podría ser usada contra alguien que filme en secreto los abusos contra los animales cometidos en las granjas industriales, ya que esto podría afectar las ganancias de las empresas.

Y el otoño pasado fuimos testigos de cómo, cuando se hizo evidente que el Movimiento Ocupa no podía ser ignorado, las autoridades locales, ayudadas de los medios de comunicación, lanzaron una campaña de calumnias acusando a los activistas de tolerar la violencia y poner en peligro la salubridad pública. Estas calumnias fueron el preludio de la represión--en una ciudad tras otra, los alcaldes demócratas ordenaron a la policía atacar los campamentos Ocupa y arrestar a cualquier que se atravesara.

Es precisamente cuando la disidencia se hace tangible y concreta--como lo ha hecho con el surgimiento del Movimiento Ocupa en EE.UU., por no mencionar el ejemplo de los pueblos de Egipto, Túnez, Nigeria y otros países, saliendo a las calles para exigir justicia--que nuestro derecho a la libre expresión es puesto bajo la guillotina.

El Movimiento Ocupa fue el ejemplo más estimulante de democracia de base en muchos años, si no décadas. Sin embargo, cuando se convirtió en una amenaza, por su crecimiento y su desafío al estatus quo, los líderes políticos estuvieron listos para reprimirlo.

Como la activista de Ocupa Chicago Evelyn Dehais declaró en una conferencia de prensa denunciando el plan de Rahm Emanuel:

Si estas medidas son temporales o permanentes no viene al caso. Las libertades fundamentales sobre las que este país fue fundado no pueden ser ignoradas o negociadas en ningún momento, por ninguna razón, y ciertamente no en nombre de la conveniencia.

Este es un esfuerzo de la oficina del alcalde para controlar la disidencia en una ciudad donde el alcalde ha dado a sus electores suficiente causa para disidir. Él ha despojado al pueblo y a las comunidades que fue elegido para representar en el nombre de la austeridad, mientras defiende al 1 por ciento y el precio de 65 millones de dólares que la cumbre de la OTAN-G8 costará. Y ahora, con una hipócrita excusa de "seguridad pública", él intenta despojar a los chicagüenses de su voz.

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MUCHA GENTE pensará que estos últimos ataques a las libertades civiles son una aberración de las verdaderas tradiciones democráticas en Estados Unidos. Pero eso no es verdad. El gobierno estadounidense siempre ha estado dispuesto a usar la violencia y la represión.

Qué tan violento y represivo parece más obvio en tiempos de guerra, cuando las violaciones al Acta de Derechos ocurren casi sin cuestionamiento. Durante la Primera Guerra Mundial, la Ley de Espionaje de 1917 y la Ley de Sedición de 1918 convirtieron en delito interferir con el esfuerzo bélico o con el reclutamiento militar, y prohibió el uso de "lenguaje desleal, profano, difamatorios o abusivo" para hablar acerca del gobierno, la bandera o el ejército de Estados Unidos.

Pero similares ataques contra nuestros derechos son también familiares en tiempos de paz. Las Redadas Palmer, en la que miles de izquierdistas y radicales fueron detenidos y deportados entre 1919 y 1920, fueron llevadas a cabo después de la Primera Guerra Mundial. Durante la década de 1950 y 1960, el gobierno federal llevó a cabo una caza de brujas contra socialistas, comunistas y activistas por los derechos civiles. La COINTELPRO del FBI, en los años 70, apuntó sus pistolas contra un supuesto enemigo interno, mientras la guerra contra el "comunismo" estaba siendo librada en el extranjero.

Los responsables del gobierno y las instituciones de poder en una sociedad capitalista prefieren gobernar con el consentimiento de los gobernados. Sin embargo, están siempre muy dispuestos a recurrir a la represión y la coacción, si lo consideran necesario.

La única defensa contra estos ataques a nuestros derechos son nuestro número y nuestra movilización.

Es importante recordar que todas las mentiras y trucos sucios, las detenciones y la violencia de Estado, no pudieron detener el ascenso del movimiento por los derechos civiles o en contra de la guerra en Vietnam. A pesar de toda la brutalidad y la represión de que el Estado fue capaz, estos movimientos tuvieron éxito en destruir del sistema de segregación legal en el Sur de EE.UU. y en poner fin a una guerra imperialista al otro lado del mundo.

En su "Carta desde la Cárcel de Birmingham", Martin Luther King respondió a los críticos que lo cuestionaban por haber quebrado la ley:

A veces una ley es justa en su letra e injusta en su alma. Por ejemplo, yo he sido arrestado bajo el cargo de marchar sin permiso. Ahora, no hay nada malo en tener una ordenanza que exija un permiso para un desfile. Pero dicha ordenanza se hace injusta cuando es utilizada para mantener la segregación y negar a los ciudadanos su privilegio de la Primera Enmienda de asamblea pacífica y de protesta.

Traducido por Orlando Sepúlveda

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